La falta de seguridad jurídica, el excesivo proteccionismo del arrendatario y las medidas legislativas adoptadas en los últimos años han provocado una consecuencia clara:
la oferta de vivienda en alquiler habitual se ha reducido de forma significativa.
Ante este escenario, muchos propietarios —especialmente pequeños propietarios— que aún mantienen sus viviendas en el mercado del alquiler residencial extreman las precauciones antes de firmar un contrato.
La selección del inquilino: la clave del problema
Hace unos días revisé un contrato de arrendamiento de vivienda habitual.
Lo más relevante no fue el contenido del contrato ni las características del inmueble, sino lo que me trasladó el cliente:
- Escasez de viviendas disponibles.
- Precios elevados.
- Y, sobre todo, procesos de selección de inquilinos cada vez más estrictos.
Este último aspecto es hoy determinante. Para muchos propietarios, un impago de renta puede convertirse en un auténtico drama.
Cuando el alquiler sostiene la hipoteca
En el caso concreto que me plantearon, el arrendador destinaba aproximadamente el 65 % de la renta del alquiler al pago de la hipoteca del inmueble.
Había tenido que trasladarse por motivos laborales y alquilar su vivienda no era una inversión especulativa, sino una necesidad económica.
En este contexto, asumir el riesgo de un impago —con procedimientos de desahucio cada vez más largos y complejos, y sin garantía real de recuperar las rentas adeudadas— no es una opción viable.
El efecto perverso del marco legal actual
La falta de seguridad jurídica y la sensación de abandono del propietario por parte del legislador provocan una reacción lógica:
los propietarios seleccionan únicamente a inquilinos que ofrezcan garantías económicas muy elevadas.
El resultado es evidente:
muchas personas quedan directamente excluidas del mercado del alquiler, no por falta de voluntad, sino por no cumplir perfiles de solvencia casi imposibles.
Mientras tanto, se siguen aprobando o prorrogando normas que no solucionan el problema, sino que lo agravan, reduciendo la oferta y tensionando aún más el mercado.
Conclusión
Las normas en materia de vivienda deberían elaborarse escuchando a todos los intervinientes del sector, alejadas de planteamientos ideológicos y orientadas a resolver problemas reales.
Cuando hablamos de vivienda, hablamos de un derecho básico… y también de una realidad económica que no puede ignorarse.
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