Uno de los males que existe en este país es la excesiva burocracia que existe en general para cualquier trámite.
Esto se agrava muchas veces en el ámbito urbanístico, ya que es un tema especializado y muchos municipios carecen de recursos suficientes para poder hacer frente al mismo.
El legislador aprueba leyes sin dotar a las administraciones de medios económicos y humanos para la aplicación de las mismas.
En los municipios más pequeños se multiplica este problema, sobre todo cuando se trata de temas urbanísticos, donde la carencia de técnicos es habitual o tienen un Secretario interino o que comparten entre varios municipios.
Todo ello se complica si además existe alguna norma de protección de ambiental, cultural, o paisajística, ya que en este caso hay que esperar el informe o resolución de la citada administración competente, y sirve como escudo para el correspondiente Ayuntamiento.
Todo ello se complica con la regulación poco clara del silencio administrativo, lo que deja al ciudadano en una situación de limbo jurídico.
Ello da lugar, sobre todo en el ámbito rural a que se acuda a la vía de hecho, y realizando las obras correspondientes sin tener la licencia otorgada, y causando un problema de disciplina urbanística que los Ayuntamientos casi nunca acometen.
Hay que realizar una simplificación de la normativa entre todas las Administraciones y dotar a los encargados de aplicarlas de medios económicos y humanos suficientes, ya que como siempre el perjudicado es el ciudadano.
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